La separación convencional y el divorcio ulterior
Como ha quedado establecido anteriormente, la equiparación de conceptos jurídicos a las definiciones propias del lenguaje común (y viceversa), pueden generar equívocos que complican el entendimiento de las instituciones propias del Derecho en general y el Derecho Familia en particular. Hablar de Separación Convencional y de Divorcio Ulterior -entiéndanselos de manera independiente- nos conduce inevitablemente a hablar del Divorcio por Mutuo Acuerdo o Divorcio Rápido.
Es a partir del 2008, que con la Promulgación de la Ley 29227, se abre la posibilidad de que, en caso que concurra el común acuerdo de ambos cónyuges unidos por el vínculo matrimonial que deseen ponerlo fin a través del Divorcio, este procedimiento se pueda realizar a través de la vía notarial o municipal (en caso de que la municipalidad ante la que se solicita se halle autorizada por el Ministerio de Justicia).
El denominado Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, se divide, como su nombre sugiere, en dos etapas con rasgos y consecuencias jurídicas distintas.
Una vez presentada la Solicitud de Separación Convencional y de realizada la audiencia única exigida por la Ley; en un plazo no menor de siete días, el órgano competente emite una resolución declarando la Separación Convencional de los cónyuges, que genera las consecuencias propias de la Separación de Cuerpos normada en el Código Civil (a excepción del fenecimiento del Régimen de Sociedad de Gananciales, puesto que, se considera requisito previo haber realizado la separación patrimonial).
Posteriormente, la Ley somete a un plazo de dos meses la posibilidad de pedir el Divorcio Ulterior. Cumplido este tiempo, se podrá solicitar ante el mismo órgano que declare disuelto el vínculo matrimonial, luego de lo cual, los cónyuges quedarán desvinculados totalmente respecto a los deberes y obligaciones propias del matrimonio: Se habrá producido el divorcio definitivo.
